El gobierno adopta nuevas e importantes medidas contra la violencia de género

Esta siempre es una buenísma noticia. María Teresa Fernández de la Vega anunció en su comparecencia ante los medios de comunicación trás las reunión del ejecutivo, que se ha avanzado mucho en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y se ha estrechado el cerco sobre los maltratadores desde la aprobación hace tres años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, ha reconocido (lo que todos ya sabemos), que la batalla contra el maltrato está siendo difícil y la "lamentable y dolorosa realidad" es que sigue habiendo mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Consciente de la dimensión del problema, el Gobierno redobla su compromiso en la prevención, en la concienciación de la sociedad en su conjunto y en la mejora de la protección a las mujeres que sufren la violencia de género con la aprobación de dos nuevas medidas.

Una el Programa de inserción socio-laboral contemplado en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que afecta a más de ocho mil mujeres y establece un conjunto de ayudas para favorecer la inserción sociolaboral de este colectivo,programa específico para las víctimas que estén inscritas como demandantes de empleo y que, por las circunstancias derivadas de su situación personal, como son el aislamiento social y laboral, el deterioro de su propia autoestima o la necesidad de atender a personas a su cargo, encuentran especiales dificultades para acceder a un empleo.Según los cálculos realizados teniendo en cuenta, por un lado, el número de participantes en el Programa de Renta Activa de Inserción por esta causa y, por otro, el de mujeres que cuentan con medidas cautelares, orden de protección y con sentencia, el colectivo teórico de posibles beneficiarias puede alcanzar las 8.324.

Las medidas previstas contemplan la atención específica e individualizada a las desempleadas inscritas en los Servicios de Empleo por parte de personal especializado, que acompañará a la trabajadora en el desarrollo de su itinerario de inserción profesional y a su cualificación profesional de acuerdo con las necesidades detectadas.

Asimismo, se ofrecerán incentivos para favorecer el inicio de una actividad por cuenta propia, a través de ayudas específicas previstas para la promoción del empleo autónomo.También, se establecen incentivos para las empresas que contraten a víctimas de violencia de género, como la modificación de la cuantía de la bonificación por la contratación indefinida a tiempo completo de las mujeres víctimas de violencia de género, que queda establecida en la de 125 euros/mes (1.500 euros/año), durante cuatro años desde la contratación, o cuantía correspondiente si el contrato es a tiempo parcial.

Igualmente, para facilitar la movilidad geográfica motivada por la obtención de un nuevo empleo, se ofrecerán subvenciones destinadas a sufragar los gastos de desplazamiento, transporte de mobiliario y enseres, alojamiento, guardería y atención a personas dependientes, así como a compensar diferencias salariales cuando el nuevo empleo aceptado implique una disminución de ingresos.El coste estimado, que se financiará con cargo al presupuesto del Servicio de Empleo Estatal, asciende a 11.112.422 euros.

La segunda medida es la implantación de los dispositivos electrónicos de detección de proximidad de agresores, para garantizar las medidas de alejamiento acordadas por los jueces.

Al objeto de mejorar sustancialmente la protección de las víctimas se hace urgente la implantación de estos dispositivos que según la Vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, se trata de "un GPS contra los malos tratos", una pulsera electrónica que deberán colocarse tanto a los agresores imputados como a los condenados por violencia de género si el juez lo considera oportuno con el fin de que estén localizados. Esto permitirá garantizar que se cumplan las órdenes de alejamiento dictadas por los jueces e incrementar la protección de las mujeres.
Para agilizar la implantación de estas pulseras contra los malos tratos, el Gobierno ha habilitado un presupuesto de más de cinco millones de euros que serán puestos a disposición de los órganos judiciales.

Esta implantación comenzará en el 2009, en apenas 1 mes.

El gobierno, por tanto redobla su compromison en la prevención, en la concienciación de la sociedad en su conjunto y en la mejora de la protección a las mujeres que sufren la violencia de género con la aprobación de estas nuevas medidas.